Cada reforma educativa avanza más y más en esta dirección, contraria al principio de igualdad. La Educación Pública es un servicio básico universal, garantizado por la Constitución, que se sostiene a través de los impuestos. Determinar el acceso a una Educación Pública a través de tu nivel de ingresos es una discriminación insostenible, contraproducente e involutiva, ya que no sólo supone un retroceso social, sino que también estrangula el futuro, empobreciéndolo.
El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que la Educación a la que todos tienen derecho, y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia, no se contrae a un proceso de mera transmisión de conocimientos sino que comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros.
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