Sí. Entre otras razones, porque ha sido avalada con un informe de "expertos" (dícese, en este caso, de aquellos que ponen su cualificación técnica como coartada a disposición de los gobernantes, para que éstos cuelen propuestas. Sus informes confieren a las propuestas una presunción de objetividad con la que contrarrestar los tintes ideológicos de las mismas, empobreciendo a la sociedad y beneficiando a gobernantes y "expertos" con total impunidad y de forma ilegítima. Ej: "expertos" de las Agencias de Calificación, del FMI...) que remarca la apuesta por la desfuncionarización del profesorado reflejada en la propia ley. No recuerdan algo importante:
Que la Sentencia del Tribunal Constitucional 99/1997 declaró inconstitucionales varios preceptos del texto inicial de la parcialmente derogada Ley 30/1984.
Los aspectos controvertidos eran la deslegalización que la Ley 30/1984 operaba en no pocos aspectos de la normativa funcionarial y la opción por un régimen tendente a la laboralización, régimen laboral que se colocaba en el mismo nivel que el propiamente funcionarial o estatutario.
El Tribunal Constitucional afirmó que la Constitución Española ha optado, como regla general, por el régimen funcionarial, de modo que las eventuales excepciones han de ser eso, excepciones y además tendrá que ser la ley la que determine en qué casos y con qué condiciones pueden reconocerse esas excepciones.
Esta STC asentó dos principios: el de reserva de ley y el de la opción constitucional por un régimen primordialmente estatutario. Teniendo en cuenta este carácter primordialmente funcionarial del empleo público, la regla general ha de ser que los puestos de trabajo deber ser desempeñados por funcionarios, constituyendo una excepción su provisión por quienes no tengan tal condición.
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